Un año decisivo para las reformas y la economía

A medida que se aproxima el último año del mandato del Presidente Gabriel Boric, Chile enfrenta un momento crucial respecto de cuál será el legado económico y político que recibirá la siguiente administración. Se trata no solo de un año clave en la elaboración del Presupuesto fiscal del próximo gobierno, sino también de un período de resoluciones respecto de reformas que, hasta ahora, han sido motivo de divisiones, obstáculos y falta de consenso.

En 2025, el Gobierno deberá decidir si prioriza gestos políticos o reformas pragmáticas que fortalezcan el crecimiento.

En un contexto de crecimiento económico estancado -con tasas que no superan el 2% del PIB potencial- un desempleo persistente, por encima del 8%, y una informalidad laboral que afecta a cerca del 30% de la población ocupada, el desafío parece claro: priorizar y destrabar aquellas iniciativas que fomenten la inversión, reduzcan la incertidumbre y sienten las bases para un desarrollo sostenible.

El balance económico del actual Gobierno deja al país creciendo en promedio un 1% en el último bienio, en tanto que la inflación supera las expectativas iniciales. Las reformas de pensiones y tributaria, centrales en el diseño del programa del Ejecutivo, no logran despegar, mientras que desde el sector privado, la academia y diversos expertos se ha presentado evidencia que cuestiona su diseño.

La reforma de pensiones, con un componente de reparto y un alza del 6% en cotizaciones, genera incertidumbre sobre sus efectos en los costos laborales y en la sostenibilidad del mercado de capitales. Y la reforma tributaria, centrada en reducir el impuesto corporativo de 27% a 25% e incrementar los gravámenes a las rentas altas, enfrenta múltiples críticas por no incentivar la inversión, en un momento en que sin certezas tributarias, los inversionistas locales y extranjeros difícilmente financiarán nuevos proyectos estratégicos.

La permisología sigue siendo un obstáculo importante: proyectos por más de US$ 50.000 millones permanecen paralizados, según el CPI. La creación de un sistema inteligente de permisos promete reducir los tiempos de tramitación en hasta un 70%, pero su implementación avanza con lentitud. La experiencia reciente, como el caso de la minera Dominga, evidencia la urgencia de mejorar los procedimientos y reducir la politización de las decisiones regulatorias.

En 2025, el Gobierno deberá decidir si prioriza gestos políticos o reformas pragmáticas que fortalezcan el crecimiento. Un diálogo productivo con el sector privado, promoviendo la inversión y reduciendo incertidumbres regulatorias, será crucial para revertir el desacople que mantiene a Chile en un estancamiento económico prolongado. El desafío está en crear consensos que aseguren una transición hacia un desarrollo sostenible y competitivo, dejando atrás tensiones ideológicas y apuestas de corto plazo.